La negociación entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas promete una breve tregua de paz social, de “algunas semanas”, según expresó este viernes uno de los dirigentes gremiales (Mateo Ferrería) luego de casi tres meses consecutivos atravesados por todo tipo de medidas de fuerza: desde paros que directamente no se notaron, como los que intentaron hacer los empleados de ATE-ANAC, hasta la inédita situación de 900 pasajeros retenidos en aviones parados en pista, que no podían bajar porque Intercargo no les acercaba las escalerillas.
Pero las señales que viene dando el Gobierno indican que esas negociaciones no prometen una salida “sustentable” para Aerolíneas y los cinco gremios aeronáuticos con los que negocia sus paritarias salariales. Los gremios deberían ceder mucho más de lo que parecen estar dispuestos para hacer de Aerolíneas una empresa “sustentable”, como les está exigiendo Milei.
Hay mucho camino por recorrer para que tanto sus salarios como sus convenios colectivos de trabajo se ajusten a las pautas que rigen en otras aerolíneas similares de la región, donde la premisa es la rentabilidad.
Fuentes del sector aseguran que mientras el titular de Aerolíneas, Fabián Lombardo, convocó formalmente a los gremios y abrió una mesa de negociación, el funcionario del Poder Ejecutivo a cargo de las privatizaciones (Diego Chaher) estaría trabajando en la letra chica para solicitar dentro de algunos días la apertura de un procedimiento preventivo para la línea aérea.
El Gobierno no descartó formalmente la hipótesis de una venta de las acciones y sigue presionando a través de sus aliados en el Congreso para que avancen los dos proyectos legislativos para privatizar Aerolíneas. Pero lo concreto es que a casi 11 meses de la asunción de Milei, no hay un solo candidato en firme ni un solo pedido hasta el momento para mirar sus números (si lo hicieran, según fuentes al tanto del balance, podrían verificar que la empresa arrastra un fuerte patrimonio neto negativo).
Tampoco aparece como una alternativa la entrega de las acciones a los trabajadores de la empresa, mediante el formato del Programa de Propiedad Participada. Aerolíneas tuvo el año pasado una pérdida operativa de 392 millones de dólares y este año, aun con gastos más acotados, también tendrá fuertes pérdidas operativas, que quedarán licuadas gracias al cepo cambiario (sobre todo con las operaciones de los primeros meses del año, cuando era más fuerte la brecha entre dólar oficial con el que paga importaciones y el dólar CCL con el cual liquida los pasajes vendidos en el exterior). Con ese déficit crónico, ningún gremio podría afrontar la operación de la empresa sin subsidios del Estado.
En ese escenario trabado, sin candidatos a la vista, asoma la figura del procedimiento preventivo de crisis, que no fue pensado para una sociedad anónima en manos del Estado como es Aerolíneas, sino para las empresas privadas.
Es un mecanismo incluido en la Ley de Empleo (24.013) y es para que una empresa que puede demostrar que vende menos por causas externas se pueda ajustar, incluyendo la suspensión o despido de personal pagando una indemnización menor.
La autorización corre por cuenta del ministerio de Trabajo (ahora, secretaría de Trabajo). De modo que si ahora le aplicara a Aerolíneas, el Estado pasaría de esa manera a ser juez y parte.
A la vez, desde el Gobierno toman nota de que cada vez que confrontan con los gremios aeronáuticos, ganan consenso. Y las últimas medidas les dieron pie para pensar en un ajuste forzoso en una empresa con más de 10.000 empleados públicos, que en los últimos meses quedó expuesta a un enorme desgaste de cara a la sociedad.