Elevaron notas al Gobernador para exponer el panorama; y al presidente de la Nación Javier Milei para solicitar que se designe un titular en el Inym
viernes 26 de julio de 2024 | 19:00hs.
El sector yerbatero atraviesa un momento difícil, tanto en lo económico como en lo institucional. Foto: Natalia Guerrero
Representantes de diferentes asociaciones yerbateras de la provincia elevaron un documento conjunto al gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, y al presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad, en la que pidieron la declaración de emergencia agropecuaria yerbatera.
“En Misiones estamos ante una situación donde son afectados gravemente no menos de 150.000 habitantes, dado que en forma directa trabajan en el sector productivo primario alrededor de 35.000 personas, que producen, transportan y elaboran alrededor de 900 millones de kilos de yerba, una producción que termina llegando al mercado con un valor de mil quinientos billones de pesos con efecto multiplicador y distributivo notable”, aseguraron.
En la misiva, firmada por los productores y directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) indican que “es necesaria y urgente la declaración de emergencia agropecuaria yerbatera, la restitución de condiciones de operación del Inym, con la inmediata designación de autoridades y funcionamiento del directorio del Inym, que se aboque a la concertación de precios”.
Así también, solicitaron en el mismo sentido que se prevea “la provisión por parte de Nación de los fondos para la interzafra a los trabajadores rurales, pues estamos a pocos días de la terminación de cosecha, y fondos destinados a la recomposición de precios al productor”.
Para fundamentar, expresaron que “la desregulación producida en 1991 con la eliminación de la Crym (Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario) fortaleció la concentración en unas pocas grandes empresas (4-5) determinantes a la hora de fijación de precios, los cuales se redujeron hasta llegar a un décimos de su valor real anterior”.
“Una prolongada lucha de 4 años hasta llegar al 2002, llevada adelante por miles de productores, tareferos, pequeños y medianos secaderos y molinos, con el apoyo de la mayoría de la sociedad misionera, logró la ley 25.654 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) con sus funciones reguladoras en la producción regional yerbatera”.
“La desregulación por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, en diciembre de 2023, produjo la marcha atrás y vuelta al año 1991, eliminando las funciones del Inym en favor de la industria y comercialización concentrada”, atestaron. Y agregaron que el resultado de ello fue una baja del 50% en precios a productores y tareferos; apertura de la importación de yerba hecha por las mismas empresas monopólicas; y la extensión del plazo de pago a secaderos y productores a 30, 60 y 120 días.
La nota es firmada por productores y directores del Inym como Nelson Dalcomo, Marcelo Hacklander, Ricardo Kalitko, Waldemar Schwider, María Soledad Fracalossi, Jorge Haddad, Hugo Sand y Francisco González.
Pedido al Presidente
Los mismos firmantes elevaron otra nota, esta vez dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, para solicitar el nombramiento de un presidente para el Inym.
Desde la renuncia de Juan José Szychowski a fines de 2023, el puesto quedó vacante – pese a que hubo administradores temporarios – y es el Ejecutivo nacional el encargado de nominar al sucesor. Se solicita además que se restablezcan las funciones del organismo, estipuladas en la ley 25.564.
“La desregulación por medio del decreto 70/23 eliminó funciones del Inym que son centrales para el sustento de miles de familias de trabajadores del sector yerbatero. Las consecuencias de tal medida se evidencian en este momento con la baja de precios y los tiempos de pago de la materia prima a los productores, con impacto negativo en la economía regional. Esta situación negativa, a siete meses desde que asumió como presidente de la Nación, puede y debe revertirse, mediante la designación de un presidente en el Inym y la restitución de todas sus funciones”, argumentaron.
Asimismo, agregaron que el organismo, es un ente de derecho público no estatal. Y remarcaron que el mismo, se financia exclusivamente con la Tasa de Fiscalización que rige únicamente para la comercialización dentro del país, no estando gravada la exportación. “Es decir, no depende del Estado”, sostuvieron.
En tanto, los productores expresaron que desde su puesta en funcionamiento, “la institución definió y aplicó programas de apoyo para el fortalecimiento de todos los eslabones de la actividad, modernizándolo; posicionó el alimento en los mercados y fijó, a lo largo de sus dos décadas de existencia, el precio mínimo para la materia prima, llegando en este año 2023 a pagarse por encima del valor oficial”.
“En sus 22 años de existencia, generó resultados positivos para todos los eslabones, desde cosecheros hasta la molinería. Todo esto, sustentado con datos fehacientes”, resaltaron.