Este miércoles puede ser un punto de quiebre en el sistema de transporte público automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de dos medidas de fuerza de los choferes en lo que va del año -la última, hace dos semanas-, habrá definiciones económicas con efectos duraderos en el servicio.
Habrá, a partir de las 13, una audiencia en la Secretaría de Trabajo con las cámaras empresariales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El sindicato conducido por Roberto Fernández quiere que les reconozcan a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos $ 987.000, un acuerdo en paritarias que implicaría una mejora de 83% trimestral en marzo frente a diciembre y que le gana por 32 puntos a la inflación, muy por encima de lo que el Gobierno busca convalidar.
La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar $ 737.000 a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.
Hace dos semanas, la UTA intimó a las empresas a resolver el conflicto antes del jueves 25, o retomaría la «retención de tareas» (un paro, en concreto, que no puede ser alcanzado por una conciliación obligatoria) el viernes 26.
La crisis del sistema de colectivos
La crisis del sector lleva más de 20 años y empezó a la salida de la Convertibilidad, cuando las tarifas dejaron de reflejar los costos. Pero se profundizó a mediados de 2022, cuando la Argentina empezó con otro régimen de inflación más alta que la previa. Hoy el Estado (Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires) cubre el 70% de los costos reconocidos con subsidios y los usuarios un 30% con tarifas, una relación que llegó hasta el 90% y 10%, respectivamente, en enero 2024.
En el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Transporte, Luis Caputo es reacio a otro aumento de las tarifas de los colectivos (después de un 410% de incremento entre enero y febrero) por su posible impacto en la inflación, cuya baja a un dígito mensual es su prioridad número uno. Sin embargo, habilitó una suba del 54% en los trenes del AMBA para mayo.
Caputo tampoco está dispuesto a convalidar un mayor gasto público en subsidios al transporte, que podría complicar la meta de alcanzar un superávit primario fiscal equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) a fin de año, con equilibrio financiero tras el pago de intereses de la deuda.
A falta de ajuste por precios, vendrá el ajuste por cantidades. En el sector advierten que si no hay una nueva estructura de costos que reconozca correctamente los precios de los salarios, el combustible (gasoil) y los insumos, las empresas dueñas de los colectivos empezarán a bajar más notoriamente las frecuencias. En marzo, esa reducción fue del 5% interanual. Si se amplía la mirada a 2015, un año en el que la estructura de costos «era correcta» -según fuentes del sector-, la brecha es del 16%.
Incluso, interpretan que los funcionarios, sin decírselo abiertamente, los empujan a tomar decisiones duras. «Achíquense, presten un servicio acorde a un país con 60% de pobreza» es el lema oficial.
Ese ajuste llegaría con menos unidades en la calle -unos 15.000 colectivos, frente a 18.500 que es el total del parque- y unos 10.000 despidos, para reducir en un 20% la dotación de personal hasta 40.000 choferes.
El modelo, lamentan fuentes de la industria, es la Ciudad de México: colectivos en mal estado, con bajas frecuencias y pasajeros apretados. Una situación que en el mediano plazo, anticipan, podría generar violencia de la sociedad contra los propios choferes, que son la cara del servicio, en donde las decisiones pasan por otro lado.
Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) -la cámara en la que pesa el grupo Metropol, el segundo más importante del AMBA detrás de DOTA-, en marzo el precio «real» de un boleto debió haber sido de $ 1.198.
Los pasajeros cubrieron con las tarifas un mínimo de $ 270 -pero un promedio más bajo, por los descuentos integrados-; y el Estado, con subsidios, otros $ 354 para llegar a $ 624 reconocidos.
La diferencia, de $ 574, fue a «pérdida» de las empresas, que ajustan frecuencias, unidades, extienden la renovación del parque en años de antigüedad y disminuyen la seguridad del servicio. Son casi $ 93.000 millones mensuales que no están reconocidos por el Estado.
Una salida que podría tomar el Gobierno es correr de atrás al aumento del subte, que en junio pasará a costar $ 757. En ese momento, la Nación podría definir ajustar las tarifas de colectivos para que se achique esa brecha y sostener el sistema unos meses más.
De acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de 2024 los subsidios al transporte automotor en colectivos alcanzaron los $ 230.142 millones y tuvieron una disminución del 17,6% interanual en términos reales, descontado el efecto de la inflación.
NE