El Gobierno dejará de pagar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado hasta que las audite

El Ministerio de Justicia informó este lunes que detendrá el pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, mientras realiza una auditoría de las compensaciones otorgadas y pedidas. También reclamará la devolución de las sumas mal otorgadas.

Lo dispuso el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-, que determinó “la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”.

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Según se informó oficialmente, decidió llevar a cabo la auditoria “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.

Según confirmaron a TN fuentes del Ministerio de Justicia, “la auditoria va a frenar los pagos y los reconocimientos hasta contar con información 100% veraz que fundamente el reconocimiento de los beneficios”.

En cuanto a los pagos indebidos que estén en la causa penal, explicaron que “como la Secretaría de Derechos Humanos es querellante, pedirá la traba de medidas en la causa como inhibición de bienes o embargos”.

Qué dijo el Gobierno sobre las irregularidades detectadas

“Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió Cúneo Libarona en su cuenta de la red social X.

En el comunicado en el que informa su decisión, el Ministerio de Justicia explicó que “la Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, y que confirmó la Sala 11 de la Cámara Nacional de´Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.

“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, detalló.

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También remarcó que “existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.

“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, completó el escrito.