Este miércoles por la mañana, día de su cumpleaños 75, la jueza Ana María Figueroa estaba en Comodoro Py. Un día antes, les comunicó a sus colegas de la Cámara Federal de Casación Penal que no firmará resoluciones ni participará de las audiencias ni ejercerá la presidencia del tribunal, sin embargo considera que le corresponde seguir integrando el Poder Judicial. Su decisión fue calificada por algunos colegas como “inédita”, y están quienes consideran que por más que haya dejado sus votos en casos sensibles para Cristina Kirchner, no deberían tenerse en cuenta.
La Constitución Nacional establece que 75 años es la edad tope para que los jueces se jubilen, excepto que el Poder Ejecutivo le conceda una prórroga que luego sea aprobada por el Senado. Ese es el camino que Figueroa y todo el kirchnerismo vienen intentando, con sonoros fracasos.
Cristina Kirchner tiene particular interés en prorrogar en el cargo a la jueza que intervino en los casos por lavado Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán. En ambos expedientes debe resolverse si la vice enfrentará el juicio oral y público por las diferentes acusaciones atribuidas durante la etapa de instrucción.
La situación de Figueroa quedó en un limbo administrativo. Según fuentes allegadas a la Asociación de Magistrados, “la voluntad como acto administrativo se conforma por varios actores y en definitiva es una sola. En este caso esa voluntad no puede usarse como argumento porque no está completa: falta la voluntad del Senado y nuevamente del Poder Ejecutivo para publicar el Decreto”.
En los pasillos de Comodoro Py, la jugada de la camarista tuvo una lectura más crítica: “Estamos ante una situación inédita, porque no es que hay una convocatoria a una sesión del Congreso y eso serviría para hablar de la inminencia del tratado del pliego. No hay nada de eso, sin embargo ella no deja el cargo, se queda como jueza sin ejercer como tal”, explicó un funcionario de la Casación Federal.
Sin embargo, cuando en el acuerdo de superintendencia -del que participaron, además de Figueroa, los jueces Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- se planteó lo que muchos calificaron de un “híbrido” porque “no cumple con sus funciones de jueza pero no renuncia”, hubo quienes avalaron la decisión de la magistrada.
Según reconstruyó Clarín, cuando la jueza formuló su planteo y dejó la presidencia de la Casación en manos del vice, Mariano Borinsky, su colega Daniel Petrone respondió que si bien escuchaba lo que ella había decidido, eso no significaba que avalara el criterio. Mismo argumento expuso Guillermo Yacobucci.
La incertidumbre es mayor entre los compañeros de Figueroa en la Sala I, Petrone y Diego Barroetaveña. La magistrada señaló que dejó sus votos en varias causas “a resguardo de la secretaría”, una frase cuya interpretación jurídica es un misterio. Lo que se debate ahora, puertas adentro, es cómo continuará el funcionamiento de la Sala. ¿Los jueces sacarán las resoluciones en los casos Hotesur y Pacto con Irán contemplando el criterio que dejó la jueza? ¿Resolverán únicamente con dos votos, siempre y cuando estén de acuerdo? Todo está bajo análisis.
Otro magistrado graficó los motivos de su confusión: “Es jueza pero no puede firmar ni participar de las audiencias. Y acá los actos se determinan a través de la firma de los jueces, es decir las resoluciones adoptadas, y eso no estará pero ella sigue siendo jueza”.
Para otros jueces, Figueroa se colocó como una suerte de “jueza provisional” hasta tanto el Senado dé tratamiento a su pliego. Algo sobre lo cual no hay aún mayores certezas. “No existe en el andamiaje jurídico la figura que contemple a un juez provisorio, cuál sería su función, viene a Comodoro Py pero no hará nada, qué rol va a cumplir”, señaló de forma retórica un integrante de la Casación.
Están quienes administrativamente, además, consideran que esta situación en la que se ubicó la jueza abre más preguntas todavía, por ejemplo respecto del uso de los bienes que provee el Poder Judicial a quienes son jueces y juezas, ya que no renunció pero tampoco cumple las funciones que atañen a su cargo”.
Uno de los puntos que se buscó subsanar en el máximo tribunal penal, fue lo que denominaron el “funcionamiento administrativo” de la presidencia de la Cámara. De la Casación dependen los 77 tribunales orales federales de todo el país, que cuentan con un 30% de vacancias, pero también todo lo que atañe a la logística de Comodoro Py desde las cuestiones edilicias, los dispositivos de seguridad, y todo lo concerniente al edificio por el que diariamente circulan cerca de 1.500 personas.
También de la Cámara de Casación dependen los sorteos de las causas y como un dato no menor: el Presidente del máximo tribunal penal tiene rango de conjuez ante la Corte Suprema de Justicia.
Todas estas funciones estaban bajo la responsabilidad de Ana María Figueroa. Su decisión fue no ejercer la presidencia, pero en los papeles sigue siéndolo.
¿La Cámara de Casación podría haberle pedido que renuncie? Quienes participaron del acuerdo como otros integrantes del máximo tribunal penal coincidieron en que no.
Aún en su cumpleaños 75 y sin la renovación de su pliego aprobada, Figueroa siendo jueza federal, y esto depende del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que le da luz verde al trámite jubilatorio ante la ANSES. Habitualmente, ese papeleo se inicia cuando un juez renuncia a su cargo y el Poder Ejecutivo admite su dimisión. Pero no ocurrió nada de eso.