Rafecas Procurador: ¿la oposición cumplirá su palabra de votar al candidato de Alberto luego del triunfo electoral?

La oposición que se impuso en las elecciones legislativas por poco más de ocho puntos, y ese triunfo la enfrentará a una encrucijada en el Congreso: por primera vez en 38 años el peronismo perderá la mayoría propia en el Senado, donde se votan decisiones clave que atañen a la justicia, y que desde el…

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La oposición que se impuso en las elecciones legislativas por poco más de ocho puntos, y ese triunfo la enfrentará a una encrucijada en el Congreso: por primera vez en 38 años el peronismo perderá la mayoría propia en el Senado, donde se votan decisiones clave que atañen a la justicia, y que desde el 10 de diciembre sólo serán posibles con un acuerdo político. Si el presidente Alberto Fernández insiste con su candidato para ocupar la Procuración General de la Nación, Juntos por el Cambio deberá decidir si mantendrá su palabra y lo votará, o buscará esperar dos años para designar a otra persona si es que logra llegar al gobierno.

La semana pasada, Clarín consultó a un alto dirigente de Cambiemos: “¿Qué cargo elegís para designar a alguien tuyo, el Procurador General o el quinto ministro de la Corte Suprema?”. Bajo reserva de su nombre, el presidenciable no dudó en responder: “al jefe de todos los fiscales”. Y agregó: “en un país que avanza hacia el sistema acusatorio, sin lugar a dudas, es el cargo más importante”. Está claro que ese dirigente tiene la vista colocada en el 2023.

El Procurador General de la Nación es el jefe de un universo de 350 fiscales en todo el país. Es responsable además, de delinear cómo se investigarán los diferentes delitos en la Argentina. Su cargo es vitalicio y tiene representación ante la Corte Suprema de Justicia. Su relevancia también se expresa en cómo debe ser designado quien ocupe ese cargo: bajo los mismos requisitos que un ministro del máximo tribunal, es decir, con los dos tercios de los votos del Senado.

La potestad de elegir al jefe de los fiscales es del Presidente de la Nación, pero la palabra final la tiene el Congreso. Ese fue justamente, el problema que tuvo Alberto Fernández: en febrero de 2020 oficializó que su candidato era el juez federal Daniel Rafecas, pero fue el propio oficialismo en el Senado, liderado por Cristina Kirchner, quien se opuso a su designación.

En noviembre se cumplieron tres años sin un Procurador titular. Alejandra Gils Carbó -que había asumido con acuerdo incluso de la oposición durante el gobierno kirchnerista-, renunció durante la gestión de Mauricio Macri. El ex presidente tampoco logró acuerdo político para designar a su candidata, Inés Weinberg de Roca.

En la Procuración General aún sostienen el mismo concepto: “El cargo está vacante, Eduardo Casal ocupa el cargo en carácter de interino, como la ley que rige al Ministerio Público Fiscal ordena. Es un problema de la política que no haya un Procurador titular”, indicaron a Clarín al analizar la situación.

En la Casa Rosada aún no dieron de baja la candidatura de Rafecas, algo que le hicieron llegar al propio juez federal. Hay una carta a favor de Alberto Fernández: “la oposición ya dio su palabra de que acompañará el pliego para que Rafecas sea el Procurador ¿van a sostener lo prometido si el Frente de Todos finalmente lo impulsa?”, señalaron fuentes oficiales a este diario.

En su momento, desde Cambiemos las distintas fuerzas que componen el espacio se refrieron al tema respaldando la decisión del Presidente, mientras se sabía que esa designación no contaba con el apoyo de Cristina Kirchner.

La ecuación ahora cambió. Los resultados electorales ilusionan a la oposición con volver a la Casa Rosada en 2023, y ante ese escenario quieren ser ellos quienes elijan al próximo Procurador, entendiendo la relevancia del cargo. “Hoy no es momento de discutir ese acuerdo”, sentenciaron fuentes de la gestión larretista ante la consulta de Clarín.

Pero otro sector de la oposición que mantiene diálogo continuo con Elisa Carrió reitera que ya dieron públicamente su palabra de acompañar el pliego de Rafecas. “Ya se asumió un compromiso, aunque era con otro escenario”, indicaron.

Es una encrucijada para la oposición, pero dentro del mismo oficialismo tampoco tienen garantizado que la vicepresidente respalde a Rafecas. Los menos optimistas señalaron que “nada cambió al respecto para que Cristina modifique su opinión y sigue siendo ella quien preside el Senado”.

Lo que sí saben en ambos espacios es que en la mesa de negociación hay varios cargos para poner: respecto del quinto ministro de la Corte y hay un criterio unificado, debe ser cubierto por una mujer. Por otro lado, en Comodoro Py -donde se investiga la corrupción- hay doce cargos vacantes, tres de los cuales son juzgados de instrucción mirados con atención por opositores y oficialistas. 

El Ministerio Público Fiscal afronta al menos dos desafíos inmediatos: el primero es seguir avanzando en la implementación del sistema acusatorio en distintos puntos del país. El mismo concede a los fiscales más poder de acción frente a las investigaciones.

El segundo desafío es cubrir las vacantes con las que cuentan: casi el 40% De los cargos están sin cubrir con titulares. 

En Comodoro Py hay tres fiscalías de instrucción sin titulares, más una ante la Cámara de Casación. En el fuero Penal Económico hay seis fiscalías vacantes y en el Civil y Comercial y el fuero contencioso administrativo hay una docena de cargos sin ocupar. En los Tribunales Orales del país son más de diez las fiscalías vacantes.

Los concursos se encuentran detenidos desde antes que Alejandra Gils Carbó dejara su cargo. Fue ella quien modificó la normativa por la cual se elegían a los integrantes de los jurados evaluadores.

Además, hubo jubilaciones masivas impulsadas por la reforma jubilatoria del sector.

A ese centenar de cargos sin cubrir en el Ministerio Público, se le deben sumar los 253 puestos de jueces nacionales y federales vacantes.

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