Fiesta en Olivos: El juez Mirabelli no aceptó desprenderse de la causa y será la Cámara la que decida quien investigará

Después de que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió quedarse con la causa que investiga la fiesta realizada en la quinta presidencial de Olivos, cuando regía una estricta cuarentena, el juez Lino Mirabelli decidió no entregar el expediente y el caso fue elevado a la Sala I de la Cámara de…

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Después de que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió quedarse con la causa que investiga la fiesta realizada en la quinta presidencial de Olivos, cuando regía una estricta cuarentena, el juez Lino Mirabelli decidió no entregar el expediente y el caso fue elevado a la Sala I de la Cámara de San Martín para que resuelva de manera definitiva en qué juzgado quedará radicado el expediente que tiene como principal imputado al presidente Alberto Fernández.

Pese a que la investigación inició el 17 de agosto, la causa sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos quedó en medio del debate judicial respecto a qué juez debe intervenir.

El expediente estuvo un mes en Comodoro Py a cargo del juez Sebastián Casanello. Fue en ese entonces que el fiscal Ramiro González imputó al presidente, a la primera dama y a otros nueve invitados a la celebración. Los acusó de haber violado la normativa que el mismo jefe de Estado había firmado, que prohibía todo tipo de encuentro social, como también la circulación de toda aquella persona que no haya sido declarada esencial.

Después de una serie de medidas impulsadas por la fiscalía, Casanello decidió remitir el expediente a San Isidro, ya que los hechos bajo investigación transcurrieron en la quinta presidencial, ubicada en Vicente López.

Así, el caso llegó a San Isidro el 1 de septiembre. Allí hay dos juzgados federales. Inicialmente, fue el juez Lino Mirabelli quien aceptó la causa porque estaba de turno cuando se radicó la denuncia. 

Pero días después, el fiscal Fernando Domínguez pidió que se analice la situación, ya que en el juzgado número 1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, había una denuncia similar que era previa a este caso.

La causa estuvo en una suerte de parate durante más de dos semanas, hasta que Arroyo Salgado rechazó el pedido de Mirabelli para que no intervenga en la investigación. Por el contrario, la magistrada le reclamó que envíe todo lo referido al caso a su juzgado para acumular todo allí, es decir, para hacerse cargo ella de la investigación.

El caso cuenta con once denuncias que se fueron realizadas sobre los mismos sucesos: la fiesta en la quinta de Olivos durante la estricta cuarentena, y los ingresos a la residencia presidencial detallando varios de ellos como ajenos a cualquier tarea de índole institucional que compete al Presidente. Sin embargo, todos los hechos confluyen en la misma acusación: “las presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19”.

La jueza recordó que cuando Casanello decidió enviar el caso a San Isidro “ya se encontraba en trámite ante este Juzgado un expediente que contenía varias denuncias por los mismos hechos que eran allí pesquisados”. Por ese motivo entiende que todo debe acumularse en su juzgado.

“Corresponde proceder a la unificación de ambos legajos pues, me permito afirmar, sin hesitación alguna, que la tramitación conjunta de ambos expedientes en una misma sede judicial no solo redundará en una mejor y más pronta administración de justicia, sino que además permitirá evitar un dispendio jurisdiccional que, a todas luces, resulta evidente”, había dicho la jueza.

Su par, Lino Mirabelli, respondió a la situación este martes. En la resolución a la que accedió Clarín, reiteró que la conexidad de las causas debían radicarse en su juzgado, y aclaró que no se trata de una decisión “antojadiza, sino que responde a un criterio de ecuanimidad para la asignación de causas, provenientes de otra jurisdicción, en razón del turno: se fija la fecha del primer auto de declinatoria por tratarse de un acto procesal a cargo de un magistrado, no librado a la actividad de un denunciante o parte interesada en el desarrollo del proceso”.

Ahora será la Sala I de la Cámara de San Martín la que dirima la situación, y determine qué juez quedará frente al expediente.

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